La Solución

Enero 2015

Los argentinos enfrentamos un cúmulo de problemas morales, económicos y educativos. Enfrentamos dilemas que dejan perplejos a nuestros gobernantes, uno tras otro desde hace muchas décadas, y al ejército de funcionarios y legisladores que luchan por darles solución con el dictado de leyes y reglamentaciones, subsidios e impuestos, prohibiciones y amenazas. Y con todo un fárrago de complejas intervenciones directas e indirectas, personalizadas o generales, sumadas a contra-intervenciones para solucionar nuevos problemas antes inexistentes, creados a partir de sus correcciones.
Una larga secuencia de tiros en el pie avalada por el voto de mayorías, que nos condujo a la decadencia. Es decir, a perfeccionar el blindaje de la inequidad social y de la falta de oportunidades.

Un gran nudo gordiano. Mas uno que se desataría en poco tiempo si nos diésemos la oportunidad de un nuevo baño de fe: aquel que nos asegura que el concepto de propiedad es y debe ser total. Porque el dueño de nuestros bienes no es el Estado, la sociedad ni el país sino cada uno de nosotros.

Nuestro salario, nuestra casa, nuestro comercio, nuestro auto, nuestro terreno, nuestros ahorros y rentas o nuestra herencia son cosas absolutamente nuestras, no del gobierno. No estamos usando una propiedad del Estado -aunque lo parezca- en estos y otros ejemplos de titularidad ni estamos disfrutando de algo pasible de ser reducido o arrebatado si no pagamos el alquiler (los impuestos), aunque así esté ocurriendo en la práctica.
En verdad la gente encaramada en el gobierno no posee los títulos, los conocimientos ni las virtudes necesarias para siquiera pretender la potestad de quitarnos o darnos “permiso” de poseer y administrar algo que, claramente, no es suyo; que no creó, no compró, recibió ni ganó. ¿Quiénes son estos servidores infieles para darnos “permiso” de propiedad limitada sobre lo que nos pertenece, y ello siempre y cuando cumplamos sus amañadas normas legales? Nadie firmó un contrato semejante ni está obligado por tanto a respetarlo, más allá de que todo argumento racional caiga frente las armas extorsivas de la Bestia. Y de que sigamos trabajando con el objeto de contribuir al poderío de amos… con los que disentimos visceralmente.

Tal vez deberíamos ir más allá de preguntas tan obvias como por qué debemos pagar regularmente la “patente” (un impuesto) de nuestro vehículo, recomprando cada vez el derecho a que siga siendo nuestro, si ya pagamos elevados tributos directos e indirectos (¿el 50 % de su valor total?) cuando lo adquirimos. O que debamos seguir pagándolos si pretendemos usarlo, al vernos forzados a comprar  combustibles sobrecargados de impuestos (¿el 70 % de su valor final?).  
Tal vez sea tiempo de cuestionarnos acerca de lo esencial.

El tiempo, señores, es lo más importante que tenemos. Es más: es lo único que tenemos aquí, y viene con fecha de vencimiento.
Lo que el Estado nos quita con sus imposiciones forzadas es tiempo. Precioso tiempo de vida; horas, días y meses extraídos; restados cada año a nuestros planes personales y familiares. Succionados como a través de los colmillos de un vampiro que nos adormece en la fábula de un Estado que nos “protege” cubriéndonos con su manto, haciéndonos entregarle ese, nuestro tiempo en trabajo productivo (cuyo resultado monetario transferimos al fisco).
Todos. Aún los obreros no calificados o los que trabajan en negro. Aún los pensionados, los incapacitados y quienes no trabajan pero consumen, mucho o poco, para vivir. Porque ese tributo -tan propio de esclavos- a la autoridad política, está en todo. Y todo lo encarece por vasos comunicantes hasta niveles insospechados.
En Argentina, eso cuesta hoy a cada ciudadano 6 meses por año promedio de trabajos forzados. La mitad de su vida útil. Uno de los índices más altos del mundo y un pavoroso freno a la productividad potencial de nuestra sociedad.

¿Qué tan enérgico debe ser el cachetazo que nos despierte?  No lo sabemos. Pero sí sabemos que la propiedad es lo único que compra y garantiza la verdadera protección de nuestro pueblo y ese tiempo vital de bienestar.
La propiedad total de las ganancias, bienes o haberes obtenidos por derecha, sin agresión ni fraude de por medio. Y la libertad de disponer de ello como mejor le parezca a cada argentino.

Cualquier economista que merezca el nombre de tal sabe que esa es la manera de maximizar intenciones de inversión y por ende, de promover la creación masiva (y rápida) de empleos de calidad.
Y sabe que se trata de una “ley de hierro” de resultados directamente proporcionales: a menos impuestos (a mayor respeto al derecho de propiedad), más prosperidad general bajo la forma de nuevos negocios y más trabajo productivo. Un círculo virtuoso moral de no-violencia, además, donde las inversiones y el bienestar tenderán a infinito en la misma medida en que la exacción (el terrorismo de Estado fiscal) tienda a cero.
Un bienestar que incluiría la elevación cultural y ética de la población al colocar dinero genuino en sus bolsillos permitiéndoles, por vez primera, optar.
Optar por una mejor educación y otros servicios vitales, a todo nivel. Optar por mucho mejores posibilidades de progreso para sus hijos de los que “ofrece” el corrupto monopolio estatal.
U optar por ser aún más solidarios de lo que hasta aquí han demostrado ser con quienes, a pesar de todo, queden fuera de este esquema. Porque tendrían con qué serlo.

La solución, entonces, es hacer visible (con un agudo bombardeo mediático de saturación, por caso) este razonamiento básico y otros en la misma línea didáctica, para la totalidad de los más de 30 millones de votantes habilitados para las elecciones presidenciales de Octubre próximo.

Y seguir haciéndolo por décadas, desde el jardín de infantes en más.