Justicia Libertaria

Septiembre 2013

Por fortuna existen personas capaces de ver más allá de lo obvio.
Mujeres y hombres que no se conforman con “lo que hay”; que no aceptan resignadamente el dogma oficial y la vileza consumada; que se atreven a concebir, plantear y apoyar algo distinto; algo mejor.
De no ser por su aparición esporádica a lo largo de la historia aún viviríamos en el oscurantismo. Seríamos más víctimas de la tiranía y la miseria de lo que actualmente somos.

Hablamos de individuos de fuerte conciencia cívica y social que se atrevieron a enfrentar tanto la soberbia del déspota como la descalificación del pusilánime. Hombres y mujeres que compartieron virtudes como la honestidad intelectual, el amor por la humanidad y un edificante espíritu crítico.
Revolucionarios que, cada uno en su tiempo, sentaron las utopías que jalonaron los avances de la civilización sobre el miedo y la coerción, a veces a costa de sus vidas.

En nuestro tiempo sigue habiendo revolucionarios, claro. Pero no son los que el mito urbano imagina sino los que luchan por cosas como la integración multicultural, una educación evolucionada para todos, el respeto absoluto por el prójimo, la no violencia en todo el campo de la acción humana, los derechos individuales frente al torvo simplismo del “somos más”, la persona como fin en si misma en lugar de como medio para los fines de otros o… por una justicia más comprometida con la equidad.
Los revolucionarios que hoy defienden ideas como estas entre la  melaza dominante del social-estatismo que las niega de hecho, se llaman libertarios.

El concepto libertario de Justicia está entre los que fascinan y atrapan la imaginación por su sentido común y bella simpleza, en total coincidencia con nuestra naturaleza humana.

Veamos primero cómo funciona la Justicia actual: cuando un individuo delinque, su delito se considera una ofensa contra la sociedad y es esa sociedad en tanto entelequia colectiva quien debe ser compensada por el delincuente.
Se recluye entonces al reo en una cárcel comunal como castigo por el daño causado y pasado cierto tiempo, es liberado para volver a convivir con los demás.

La víctima, supongamos que una mujer asaltada y golpeada, no es considerada en el sentido de resarcimiento quedando al margen del proceso, que sigue su curso en favor del conjunto social.
Posteriormente podrá tomarse la molestia y el gasto de demandar al delincuente intimándolo a que devuelva lo robado o a que pague por el daño moral, físico o lucro cesante, causa que podría incluso prosperar. Rara vez, sin embargo, conseguirá recuperar lo que en justicia le corresponde. Para no hablar de la escasa probabilidad ab initio de que la actual policía del Estado atrape al ladrón, recupere la totalidad de lo sustraído y devuelva rápidamente a su propietaria lo que le pertenece.

Así, en el mejor de los casos, todas las mujeres y hombres pertenecientes a esa sociedad que no fueron afectados por ese ilícito particular (todos menos una, en el ejemplo), habrán de pagar con sus impuestos los gastos que demande capturar, juzgar, vigilar, alimentar, brindar techo, calefacción, atención médica etc. a ese delincuente durante años.

El concepto libertario de Justicia es diferente: cuando un individuo delinque, su delito se considera una ofensa a la víctima.
El juez decidirá entonces el monto de dinero que el atacante del caso deberá entregar a su damnificada a fin de resarcir adecuadamente todo el daño causado, monto que por cierto podría resultar elevado. Si lo posee, previo acuerdo de conformidad con la víctima a través de sus abogados, puede pagar y quedar en libertad.

Aparece aquí un inusual derecho de  perdonar a alguien por una ofensa privada previa aceptación del acto indemnizatorio, abriéndose  un registro de alegato y arrepentimiento que figurará como prontuario disuasivo, con antecedentes que resultarán agravantes frente a la Justicia en caso de reincidencia.

Si el delincuente no posee esa suma o no llega a un acuerdo, pasa a una red de innovadores “campos de trabajo y educación”, con sistemas de seguridad y procedimientos de alta tecnología gerenciados por (o propiedad de) empresas especializadas, autofinanciadas.
Allí trabajará conforme a sus habilidades (previas o adquiridas in situ) para pagar en primer lugar los costos de su detención y juicio y en segundo término, su propio mantenimiento y educación en cautiverio. Los sobrantes producidos serán girados a la víctima hasta que los montos dispuestos por el juez queden saldados, sin importar el número de años que tal satisfacción demande.
Cabe esperar que la creatividad empresarial halle las maneras de disuadir al malviviente que se niegue a trabajar, a través de un duro protocolo progresivo de quite de estatus, facilidades y/o comodidades. Y viceversa, desde luego.
Pasado cierto tiempo, la víctima (o su heredera) tendrá también el derecho a dar por saldada la cuenta, recuperando el recluso su libertad.

Queda claro que tanto los tiempos mínimos de reclusión como los montos indemnizatorios se elevarían proporcionalmente en casos cuya gravedad lo amerite, como podrían ser los de violaciones, homicidios, estafa o corrupción gubernamental seria.
Como podría también ser de norma que los jueces designen como beneficiarias a instituciones de bien público en aquellos casos en los que la víctima no pueda o no desee ser indemnizada o en aquellos en los que la afectada sea, efectivamente, la comunidad.

Múltiples e imaginativas son las variantes o mejoras que una Justicia de este tipo podría admitir pero lo fundamental es el concepto de resarcir a la víctima. De no hacer pagar a otros cosas que no les competen… y de estimular un juego de responsabilidades personales, premios y devoluciones dinerarias de estricto cumplimiento.

Cambiando la óptica de “castigo” sin sentido preciso a la de implacable reparación efectiva y personal del daño causado, sumada a la siempre temida pérdida de la libertad lograríamos instalar un poderoso disuasivo contra la delincuencia potencial y habríamos avanzado en la protección de los derechos individuales a la vida y a la propiedad. El crimen dejaría de ser el “buen negocio” que en muchos casos hoy es.

Podría añadirse que en el marco de un sistema filo-libertario de fuerte innovación empresarial, con agencias de seguridad ultra eficientes, sin trabas fútiles a la actividad privada generadora de riqueza, con un alto grado de empleo y bienestar disponibles a todo nivel, cuestiones como la pobreza o la inseguridad se verían muy minimizadas.
Como sucedería también con gran cantidad de “delitos” de contravención a las reglas de un Estado opresor y ladrón como el que debemos sufrir, causas que hoy abarrotan los tribunales y que desaparecerían junto con los actuales bloqueos a la libertad de trabajar y progresar.

La delincuencia nunca desaparecerá pero tanto en esta como en otras cuestiones, la mejor solución siempre estará del lado de los derechos personales (en este caso, al resarcimiento y al no pago de gastos por algo que no hemos causado), como base inamovible para una sociedad más  justa, pacífica y civilizada.