Democratizando


Enero 2013

La presidente y su entorno desearían democratizar la Justicia (vale decir, jueces sometidos a elección popular) así como la parte dogmática de nuestra Constitución (propiedad privada sometida a elección popular), como parte de un raid refundador que atenúe todo control republicano o freno institucional a la voluntad directa del pueblo.  

Convengamos, de cualquier modo, que la tendencia en un futuro no lejano apunta hacia algún tipo híbrido de democracia directa. De consultas individuales con aplicaciones cotidianas y personalizadas, a caballo de avances tecnológicos que acabarán conectando en red interactiva y en tiempo real a todos los ciudadanos. Y a estos con el resto de la ciudadanía global en un intercambio de informaciones, opiniones, coordinación espontánea y soluciones innovadoras que chocarán de frente con los viejos clichés del clientelismo soberano.
Algo que bien podría constituir el paso previo al principio del fin de los rapaces Estados nacionales territoriales, tal como los conocemos desde el -tampoco tan lejano- siglo XVIII.

El fundamento de la Sra. presidente, digno de ser considerado, sería evitar que los habitantes de este suelo permanezcan esclavos de sistemas, modos, valores o tradiciones que -en lo personal- no hayan elegido ni avalen. Para que no haya más sometidos contra su voluntad, forzados a aceptar y financiar lo que otro decidió por ellos.

Porque si, como afirma el gobierno, la gente quiere cambiar las reglas, subvertir lo establecido y decidir por sí misma sobre qué le conviene y qué no ¿quiénes son la Constitución o la Justicia para impedírselo? ¿Quién es nadie, en realidad, para impedirlo violentando el libre albedrío de sus semejantes? ¡Adelante! ¡Cirugía democrática hasta el hueso para todo, todos y todas! Un ciudadano, un voto; con decisión soberana individual y posterior respeto absoluto de su empleada pública número uno. Punto.
Situación teórica que implicaría la existencia de millones de ciudadanos destituyentes del “Contrato Social” argentino (es decir, aquello que ha impedido hasta ahora la secesión de las partes), sintetizado en los férreos derechos de propiedad y libertad de industria garantizados por la Constitución de 1853, hoy bajo ataque.

Rescisión de contrato donde el primer punto de “democracia a fondo” a considerar habrá de ser, obviamente, consultar a cada uno acerca de si desea o no desea pagar este o aquel impuesto. O en su forma más sencilla, despenalizando la evasión impositiva para que cada quien elija democráticamente si prefiere tributar al Estado lo que en cada caso le toca, o prefiere destinar esas sumas al pago voluntario de los servicios cooperativos, privados o de ONG’s solidarias sustitutivos (algo que la tecnología informática disponible hace hoy más que posible).
En la inteligencia de que la demanda de tales prestaciones por vías no estatales conllevaría una explosión de ofertas competitivas, estimularía la creatividad nacional, multiplicaría la inversión, el empleo y los niveles salariales  aportando riqueza social a una escala que, desde de la caverna paleo-económica en que nos hallamos, no puede hoy siquiera imaginarse. 

Derivaciones todas de un razonamiento presidencial ciertamente interesante, prima facie evolucionado, de alta civilidad, y tolerancia por la libertad de opciones.
Incluida la opción de desligarse parcial o totalmente del monopolio estatal.

Resulta interesante notar que tal procedimiento libertario sería, ni más ni menos, la aceptación a última instancia de una realidad que trasciende los deseos patrióticos y el color de las ideologías con las que cada argentino elige ver aquello que lo rodea.
Sería asumir la evidencia histórica de que siempre fuimos (y seguimos siendo) una sociedad rebelde y dividida en multitud de facciones irreconciliables, irreductibles en sus visiones de lo que es mejor para todos y para cada uno. Un grupo humano habituado a obligar por votos o botas, a palos o bajo amenaza a otros a aceptar ideas que les repugnan, volteando vengativamente todo lo anterior. Y a disentir agriamente luego con cada detalle, modo, persona y prontuario de nuestro mismo redil ideológico.
Porque el poderoso animus dividendi de los argentinos es algo que existió desde el principio, estallando con violencia en forma recurrente y por distintos motivos a lo largo de toda nuestra historia. No fue creado por este gobierno, que sólo se limitó a volver a exacerbarlo.

Siguiendo entonces al refrán “si no puedes contra él, únetele”, tal vez lo más eficiente sería considerar aceptar este rasgo como premisa. Como punto de partida de un razonamiento radicalmente diferente. Tal y como podría serlo si dispusiéramos un uso inteligente de esta  fuerza natural de creatividad en lo diverso y de rebeldía a toda imposición autoritaria, orientándola en favor del avance y desarrollo de las personas en lugar de seguir anulándonos en discutir qué tanto debe frenarnos -en masa- el Estado.

El deseo tan profundamente democratizador de nuestra presidente así como la furia divisionista que ha caracterizado a sus mandatos y al de su marido podrían deberse, después de todo, a la intención final de lanzar a la Argentina hacia un nivel superior de democracia.
Un nivel revolucionario. Subversivo de un orden estatal brutalmente injusto y vejatorio, donde nuestra sociedad vuelva a marcar el rumbo al orbe y coseche antes que nadie los poderosos beneficios de la libertad.

Saltar sin escalas desde la era del simio hasta el futuro que aún no alcanzan las sociedades más avanzadas es, también, una opción.