Socio Bobo

Diciembre 2011

Es sabido desde hace siglos que los problemas causados por el intervencionismo condujeron siempre a una escalada sin fin de parches correctivos a cual más violentador y distorsivo, en la vana búsqueda de un equilibrio que en verdad siempre estuvo (y sigue estando) al alcance del más común de los sentidos.
Por ello ajustes y crisis financieras son, para dirigistas argentinos de todo pelaje, las enemas y laxantes que cada tanto deben ser aplicados al cuerpo social para que purgue, con dolor, algunas de sus muy numerosas estupideces.

El Estado es un verdadero socio bobo, muy activo en fabricarlas.
De manera muy especial es un socio de plomo para los trabajadores asalariados que (junto a los extorsionados de subsidio/plan mensual) constituyen su mayor sustento político.
El torniquete impositivo aplicado sobre este grupo representa entre el 46 y el 51 % de sus sueldos brutos teóricos, si sumamos IVA, tributos provinciales y municipales e impuestos al trabajo.
Por otra parte, los llamados “aportes y contribuciones” sobre el trabajo representan nada menos que el 31 % del total de la recaudación impositiva nacional.

En lugar de ir donde naturalmente debería (al bolsillo familiar de cada empleado), ese dinero es desviado a usos -en opinión de nuestros líderes- más apropiados para maximizar la riqueza social. Haciendo las veces de regalos navideños -de nuestros líderes, claro- hacia otras personas que, según parece, lo necesitan más.

Obsequios tales como un enorme déficit de aerolínea pagado por quienes nunca viajaron en avión, un presupuesto universitario cargado sobre quienes nunca pisaron una facultad, una (evitable) mega-cuenta por importación de energía soportada por quienes casi no se calefaccionaron ni refrigeraron, una inflación del 25 % endosada a quienes dependieron todo el año de un sueldo o un bonito lote de dinero efectivo en sobreprecios del gasto estatal (“Madres” incluidas), merced a “arreglos” y “yapas” conseguidos por nuestros sonrientes (cómo no) y prósperos funcionarios públicos.
Alquimia redistributiva mediante, gran parte de estos “regalos” acaban saliendo de los haberes de los asalariados. Todos ciudadanos votantes que deberían asumir que horrores como estos son sólo la punta del iceberg de lo que diaria e individualmente deben costear, en el sombrío silencio de su incertidumbre.

¿No sería mejor que este socio igualitario oculto tras los esbirros de la Afip, este vivillo invisible que ríe y respira en la nuca de cada trabajador se llamara un poco a sosiego… y que dejara de obsequiar dinero ajeno? Y que cada uno ahorrara o gastara los dividendos ganados con su esfuerzo como mejor le pareciera. ¿No sería acaso este un modelo menos retorcido para incluir a más gente, aumentar el consumo popular, la demanda y finalmente la producción generadora de más empleo y más exportaciones?

Adicionemos a esto otra idiotez mayúscula: la de frenar mediante palos fiscales en la rueda a una actividad como la producción agropecuaria, sin duda el rubro más eficiente y con mayores ventajas comparativas de nuestra economía. Y a pesar de lo prescripto en nuestra Constitución, también el más discriminado.
Una breve pincelada de historia aclarará lo antiargentino del concepto “nacional y popular” sobre qué quitar a quién: se calcula en 110.000.000.000 (ciento diez mil millones) de dólares la cantidad de dinero reinvertible extraído a este sector, solamente desde el retorno de la democracia en 1983 y sólo por vía cambiaria (retenciones y desdoblamientos). Vale decir sin contar todos los demás impuestos, comunes al resto de las actividades.
Es así como, inspirado en su ideología clientelar de fortísimo sello antiproductivo, el socio bobo decide aquí que, de cada 4 camiones de soja que salen de un potrero (por poner un ejemplo gráfico de presión tributaria global), 3 se los lleve el gobierno “permitiendo” al dueño del terreno, del capital, de la soja y del riesgo quedarse con el restante.

Es harto conocida la tendencia de los productores agropecuarios a reinvertir sus ganancias mejorando sus propios emprendimientos (zonales por fuerza). Fácil es imaginar entonces el tremendo efecto multiplicador que el derrame regional de esos 110 mil millones de dólares hubiese causado en la actividad comercial y productiva de las ciudades y pueblos del interior, sin excepción.

Súmesele a esto el efecto multiplicador de la hipotética “devolución” de al menos parte del dinero quitado a aquellos sueldos y retribuciones que mencionábamos al principio, propiedad de quienes no poseen empresa alguna.
Imagínese entonces la explosión de consumo y prosperidad en la que hubiera resultado esta doble sinergia positiva: vislumbraremos así al otro país posible. A la contracara de la moneda socialista con su “amedrento, quito, me reparto y regalo”.

Un país que, quitándose la venda de los ojos, vería al Estado y sus jerarcas como lo que realmente son: una exitosa Corporación de Negocios Políticos. Manejando un sistema filo-mafioso a medida (la democracia populista no republicana) que los enriquece pisando, eso si, sobre la sangre de millones de infelices, dopados en el relato de ser “ciudadanos libres de un país que progresa con equidad”. No hay tal dentro del corrupto Mundo-Indec peronista, donde el 90 % de lo que se ve… es tan mendaz como falso.

Caminamos a los empellones en un sistema de clientelismo extorsivo bien aceitado. Muy bien psicopateado con publicidad-basura, leyes-basura y educación-basura. Que consigue (hay que reconocerlo) que los mismos desangrados voten pidiendo más y más látigo sobre… ¡sus propios desollados lomos!
Las carcajadas del “socio” con sus amigotes intelectuales del gulag, pseudo-empresarios cortesanos, oportunistas y vagos conexos deben de oírse hasta el otro lado del Río de la Plata.

Es de lamentar que nuestra sociedad siga pensando en forma tradicional; conservadora en el peor de los sentidos, ya que no existe revolución ni cambio progre alguno dentro de la tríada Estado, Violencia y Dependencia que hoy nos identifica a fuego.




Políticamente Muy Incorrecto

Diciembre 2011

Cuando de 100 personas 1 regentea sobre 99, es injusto: se trata del despotismo. Cuando 10 regentean a 90, se considera igualmente injusto: es la oligarquía. Pero cuando 51 regentean sobre 49 (y esto es sólo teórico ya que en realidad, siempre son 10 o 12 de esos 51), se dice que es enteramente justo: ¡es la libertad! ¿Puede haber algo más gracioso por lo absurdo del razonamiento?
El conocido pensamiento del intelectual ruso León Tolstoi (1828 - 1910) invita por cierto a parar la pelota, dedicar unos minutos a jugar con nuestro sentido común, y a meditar sobre qué cosa estamos realmente apañando.

Resulta evidente que cualquier salvaguarda institucional que pudiera pensarse en protección de los derechos de las minorías (y la más pequeña, igual de importante, es la de una sola persona), queda derribada ni bien los representantes de mayoría caen en cuenta de que el hacer su exacta conveniencia es sólo cuestión de levantar la mano en el recinto legislativo, levantar la billetera en las gobernaciones, levantar papeles de juicio político en las cortes o levantar coimas y favores en los despachos ministeriales.

Y como nada en este mundo es un paradigma cerrado y definitivo, nos da la helada impresión de que, cuando en el año 2150 (¿o antes?) nuestros bisnietos estudien los sistemas políticos de este período, tendrán la misma sensación que acusa hoy un ingeniero en astrofísica al recorrer un tratado de astrología.

¿Por qué razón la aprobación de una multitud o el concurso de una mayoría compacta habrían de marcar lo cierto, conveniente y correcto para todos? No lo hacen. Como que no sirve someter a votación la teoría cuántica o el tratamiento médico del abuelo.
Más cercano a la verdad sería, en todo caso, lo que dijo aquel contemporáneo de Tolstoi, Henrik Ibsen (dramaturgo y pensador noruego, 1828 - 1906) “La minoría siempre está en lo correcto”.

Además, los políticos reales (no las santas y santos imaginarios), no crean nada. No producen nada y nada pueden pagar, retener ni “regalar” sin antes quitar contra su voluntad a alguien su dinero de manera compulsiva, evitando de paso que lo multiplique invirtiéndolo en otra cosa. Sea a través de endeudamiento con cargo a la siguiente generación, de la falsificación de moneda y su cruel impuesto inflacionario, a través de confiscaciones directas o mediante la otra miríada de gravámenes, abiertos o solapados, que ya detraen más de un tercio de toda la producción al país.
Por otra parte, que la organización que se propone beneficiarnos deba financiarse violentando a los mismos beneficiarios, es algo indigno del estado evolutivo que nuestra sociedad pretende en privado, adhiriendo a los civilizados principios de la justicia (“dar a cada cual lo suyo”: lo ganado con tu trabajo, mental o físico, es tuyo) y, precisamente, la no violencia.

Tal vez de lo que se trata, en el fondo, es de determinar si los servicios que el Estado presta a la sociedad no serían mejor prestados (en mayor cantidad y calidad, con más premio al mérito de los que intervienen, con mayor eficiencia socio-ambiental y a menor costo para los usuarios) mediante acuerdos que excluyan toda compulsión en suscripción y pagos. Después de todo, sacando al gobierno y a los delincuentes, el resto de la sociedad obtiene honestamente su dinero, sin excepción, mediante acuerdos libres de cooperación voluntaria.
Tal vez sólo se trata de evitarnos penurias, socios cafishos, sobrecostos y frenos al ingreso artificialmente impuestos.

Así, se ha dicho que países como nuestra Argentina ofrecen hoy ley y orden a sus ciudadanos de la misma manera socialista en que la Unión Soviética ofrecía alimentos o calzado… y con la misma eficiencia de resultados. Un serio problema conceptual que no se arregla cambiando de monopolista cada cuatro años.

Problema que está, sin dudas y como siempre, en el drama del mercado cautivo: si al supermercado X se le otorga el monopolio de la venta de alimentos, se habrá renunciado al más efectivo control de calidad y precios, por más que se establezcan estatutos, reglamentos, división interna de áreas, incentivos y controles cruzados dentro de esa empresa. Más temprano que tarde, la falta de competencia afectará tanto la calidad y variedad del servicio como los precios al público.
Exactamente lo mismo ocurre con la provisión de ley, orden, salud, educación, defensa, solidaridad, infraestructura vial o lo que sea que la gente necesite tanto como los alimentos. ¿Por qué no habría de ser así? Por cierto existió vida en estas necesidades más allá del monopolio estatal, y con notable satisfacción pública, en distintos momentos de la historia.
¿Cómo es que no resulta posible que la gente organice libremente su infraestructura de seguridad pero, al mismo tiempo, resulta posible que organice el complejísimo ingenio estatal que la incluye? Algo no funciona bien en este razonamiento.

Lo que sí está probado a diario es el pésimo funcionamiento del sistema de la agresión, verdadero atavismo cavernario enquistado en la base de la lógica política contemporánea.
Pensando primero en su interés y en el de su grupo de presión (la tribu, arcaica y siempre desconfiada del “diferente”), los políticos acumulan votos tal como se juntan piedras o balas. Se habla de llevar adelante campañas o batallas movilizando aliados y de luchar para imponer nuestra visión a los enemigos del pueblo.
Modos de expresión que no se utilizan en las transacciones voluntarias de mercado porque allí los factores (oferta y demanda) son compatibles y complementarios. Ambos participantes ganan, mientras que en la “competencia” política uno gana lo que el otro pierde en lo inmediato y que ambos acaban perdiendo en el largo plazo, tal como lo demuestran las últimas 7 décadas de nuestra historia.

Resulta entonces muy sugestivo, para terminar aquí, que traten de convencernos de que el monopolio estatal forzado de tantas cosas y sus impuestos son algo natural y consentido, siendo que el más simple sentido común los desmiente. No es algo natural (muy por el contrario, nadie nació para ser esclavo proveedor de otro) ni mucho menos consentido, desde el momento en que no se permite que exista manera “legal y representada” de expresar el no consentimiento.

Iguales Oportunidades

Diciembre 2011

Persiguiendo el mito de Sísifo, parecemos condenados a mirar como, una y otra vez, las posibilidades del país se esterilizan en la triste ceguera del mismo círculo vicioso. Es algo especialmente frustrante, teniendo en cuenta las claves que la ciencia económica de punta pone hoy a nuestro alcance y la enorme potencialidad argentina para saltar hacia adelante, utilizándolas.

La economía es la llave que condiciona el pleno acceso popular a todas las ventajas y comodidades que hoy nos ofrece la civilización. Pero un paso antes, la educación mayoritaria condiciona -a través del voto universal, obligatorio y secreto- a la propia economía. Y si de algo podemos estar seguros es que la sociedad no hallará la salida de este círculo luchando contra los molinos de viento de sus efectos (eterno mantra de nuestra democracia populista), sino asumiendo con valentía las insensateces que los causan.

Empezando por asumir que el paso del modelo ilustrado y liberal al modelo corporativo y dirigista comenzado en 1916 y afianzado a partir de 1946, implicó en igual medida el paso gradual de la educación pública de aquellas mayorías que no podían pagar una educación privada, a una educación… oficial.
Y que este cambio de rumbo (el esfuerzo a favor o en contra de la calidad educativa tarda al menos 15 años en dar frutos… o relatos) significó que varias generaciones de argentinos vulnerables, dependientes de tal formación, viraran gradualmente en sus paradigmas.
Así, nuestra nave fue dejando en las brumas del pasado aquel puerto donde se premiaban (en metálico) los valores del esfuerzo y la responsabilidad personales, para acercarse a este puerto donde lo que se premia (en subsidios y amiguismo) son los antivalores de la “viveza” parasitaria sobre el esfuerzo ajeno y de la dilución de responsabilidades en la masa o en la impunidad política. En dos palabras: un viaje de la ética capitalista a la socialista con la consecuente caída en todos los rankings mundiales de poder financiero, prestigio y por supuesto, de resultados.

Resulta obvio que el modelo educativo estatal argentino fracasó; que dio por tierra, boleado en sus propias contradicciones.
Desde hace mucho, todos los indicadores nacionales e internacionales coinciden. Atruenan las alarmas sonoras en la sociedad y avisos de alerta amarilla, naranja y roja advierten a millones de padres con sus luces: ¡vamos mal!
Se perdieron las cadenas de respeto, mérito y excelencia, producto de “estatutos docentes”, normas paralizantes y contenidos oficiales minados de un fascismo mafioso, protector del statu quo y asesino de cualquier verdadera innovación.
Maestros y profesores sobreviven con retribuciones indignas y la prometida igualdad de oportunidades, está a la vista, no se cumple a pesar de inmensas partidas presupuestarias “aplicadas” al caso, a través de largas décadas.
Finalmente, es un hecho que todo el que puede huye raudo hacia el formato educativo privado, en un voto “con los pies” que contradice las más de las veces el voto “universal, obligatorio y secreto” del propio fugitivo. De cualquier forma, el desastre educativo oficial afecta también a la oferta privada, al restar competitividad a todo el sistema.

La fracción pensante del país debe asumir este déficit creado en capital humano, como la causa más profunda de nuestra decadencia y del actual 35 % de pobreza. Desgracias imposibles de eliminar sin un salto muy importante en la calidad de nuestra educación, valores conducentes incluidos.
Y debe además explicitarlo de alguna manera masiva, persistente y clara a las actuales víctimas de esta mala praxis oficial, despejando así la vía para arrancar otra vez en viaje hacia el futuro, retomando la hoja de ruta sarmientina. Aunque ahora con caja automática secuencial, GPS y luces LED.
Sarmiento era un hombre políticamente incorrecto, avanzado, de vanguardia para su época y podemos imaginar sin esfuerzo que, trasladado a esta Argentina no dudaría en apoyar soluciones superadoras, provocativas y con potencial suficiente como para revertir el daño, recolocándonos en una posición de liderazgo.

Honrando su memoria, el destino final de este viaje no puede ser otro que aquel al que cada madre y cada padre aspiran y al que hoy sólo llegan los que pueden: educación privada de excelencia, primaria, secundaria y terciaria para todos.
¿Queremos lo mejor de ambos mundos? ¡Tomémoslo, llevando la igualdad de oportunidades desde la resentida (e inconducente) retórica socialista, a la brutal realidad del consumo capitalista!

¿Cómo? Avancemos, por ejemplo, sobre las ideas originales del estadounidense Milton Friedman (premio Nobel de economía, 1912 - 2006) acerca del sistema de vouchers o vales, en combinación con los aportes del humanista José Piñera, hermano mayor del actual presidente de Chile, experto mundial y consultor senior en seguridad social y educación pública.

Deroguemos los estatutos docentes haciendo que los profesores se rijan por las mismas leyes laborales del resto del país.

Creemos un vale educacional con los fondos presupuestarios destinados a instituciones primarias y secundarias estatales. Y pasemos, en una primera etapa, del actual subsidio a la oferta a un tipo de subsidio a la demanda entregando vales a las familias pobres que los demanden, por los hijos que los necesiten.

Licitemos de manera gradual y transparente las escuelas públicas empezando por las urbanas, incentivando a los propios docentes a organizarse en microempresas que se presenten (con estatus preferencial) en estas licitaciones, pasando así al mostrador del propietario como empresarios educacionales.

Establezcamos una gran libertad en cuanto a programas y formas de estudio, exigiendo sólo un contenido básico de mínima, promoviendo la innovación, creatividad y diversificación curricular para adecuar las ofertas, incluso económicas, en colaboración sinérgica con instituciones culturales y financieras.

Implementemos entonces un sistema donde los padres puedan decidir en qué escuela pública -o más adelante, privada- usarán esos vales mensuales, pagando por la educación de sus hijos y poniendo de esta manera a todos (eficiencia y retribución docente incluidas) en la más edificante competencia de premios al mérito.

Reservemos al Ministerio un papel en controles de calidad y certificación, subcontratando dichos servicios e incentivando una fuerte superación en búsqueda de excelencias dentro del propio sector proveedor privado.

Estaríamos pasando del Estado Docente y adoctrinador del siglo XX a la Sociedad Docente y multicultural del siglo XXI: menos Estado y más sociedad; menos forzamiento y más libre-elección.
Desde luego, un gobierno coherente que no permita que los contribuyentes perdamos 400 millones de dólares por año en una aerolínea antes privada o 3.500 millones de dólares en importar energía, tras haber espantado las inversiones que antes nos aseguraban exportación y autoabastecimiento (por dar 2 ejemplos entre mil), podría multiplicar el valor de estos vales educativos, potenciando el poder de elección de los padres sin aumentar (o aún empezando a disminuir) la violencia impositiva general.

Estrategias como la de “regalar” netbooks pueden parecer un avance pero como dijo Steve Jobs (fundador de Apple, 1955 - 2011) “Yo soy la persona que ha regalado más computadoras en Estados Unidos. Sin embargo, creo que no es la solución, me he equivocado. El problema está en la gestión de las escuelas, en los sindicatos de profesores, en la pésima administración de los currículums y en la manera como se enseña”.
Por eso, mucho mejor sería un sistema que igualase la oportunidad de obtener el ingreso necesario para comprar a sus hijos la tecnología informática que elijan y que les provea la mayor ventaja. Distinta estrategia, esta, de derrota de la pobreza basada en un crecimiento económico tal como sólo puede generar la más amplia e imaginativa “libertad de industria” concebible, apoyada en una educación no discriminatoria y de alta calidad.