De Eso no se Habla

Mayo 2011

Toca a esta generación de argentinos ser testigos, tal como sucedió con nuestros abuelos a principios de los ’50, de cobardes ataques con todo el poder del Estado a la libertad de prensa, de corrupción a mansalva y de la profundización de un “modelo”, que nunca fue más que el “escofinado” a lo que nos queda del derecho de propiedad privada. A la garantía básica de todos los demás derechos humanos.
Un derrotero que sigue las tácticas del comandante Chávez y su “solución final” totalitaria, a las que nuestro gobierno adhiere con mayor tozudez cada día. Avizorando para el próximo mandato la reforma constitucional que, bajo los sones de “La Cámpora”, acabe de una vez la faena de degüello de la gallina de los huevos de oro, iniciada hace 65 años.

La caída de nuestra bandera y la derrota económica de la Argentina, hincada ante sus vecinos y ante el mundo, más allá de las risitas socarronas de chilenos y brasileños, de colombianos y uruguayos que apuestan a que en el país de los ciegos el tuerto es rey, tiene al menos la virtud de hacer ver con crudeza descarnada la realidad de lo que es la fuerza destructiva del Estado y de su sistema, la democracia política.
Pero de esto último no se habla, claro. Porque tocar al dios Estado y a su sistema, es iluminar el Tabú Mayor. Es provocar alaridos histéricos de la turba clientelizada y de inquisidores prontos a encender la hoguera, que apartará la atención de sus vilezas.

Parece que hay cosas que no deben ser analizadas, pensadas ni cuestionadas, sencillamente, porque el negocio es demasiado grande y sucio.

La no violencia, esa misma de la que Cristo consagró el concepto y más tarde Gandhi marcó el método, terminará sin embargo por imponerse. Es el camino inexorable de la evolución civilizada y con seguridad veremos el principio de su triunfo antes de que termine el siglo, apalancado por la tecnología de la comunicación y las imparables redes globales. Que harán estallar fronteras discriminatorias, legislaciones esclavizantes y castas vampiras de políticos y funcionarios que hacen de la dictadura ladrona por el atajo cavernario -y automutilante- del simplista “somos más”, su propia succión vital sobre los mansos.

Si bien hace ya 2400 años los propios griegos inventores de la democracia política -a través de la voz de Sócrates- se percataron de que el sistema estaba destinado a fracasar pues “la mayoría menos creativa siempre elegirá vivir en forma parasitaria de la minoría más creativa mediante la confiscación de su riqueza y su distribución entre ellos”, en lo que se considera la primera y más clara comprensión del socialismo, veamos algunas otras negatividades más actuales.

Está más que comprobado en la práctica que la competencia política conforma un hábitat ideal para personas que desarrollen aptitudes para la demagogia, el soborno o el oportunismo mentiroso. Favoreciendo de este modo las habilidades agresivas (violentas) en detrimento de las defensivas y creando un ambiente irrespirable para aquellas personas íntegras que sientan aversión por el robo y la coacción.
Optar finalmente por el menos mafioso, fraudulento, hipócrita y ladrón es una mala solución en orden a llegar de una vez por todas a la riqueza generalizada, con una justicia implacable y transparente.

La democracia política coloca a personas de estas características en puestos intercambiables a cargo de los monopolios del gobierno, con todas las “oportunidades” que esto implica.
El funcionario debe aprovechar esta ventaja táctica dilapidando y “mordiendo” dinero ajeno tan rápido como pueda ya que su continuidad nunca está asegurada. Mantener el valor patrimonial (y la sustentabilidad) de los recursos a su cargo no es cosa que esté entre sus prioridades, como sí sucede con los propietarios privados, “seguros” de la duración a largo plazo de su propiedad.

Aunque… para defender sus bienes de estos peligrosos monopolios estatales inmunes a la quiebra, muchos propietarios privados tenderán a su vez a corromperse, perdiendo tiempo y escrúpulos morales en el desarrollo de sus habilidades de negociación política “por izquierda”.

Tampoco los miembros de los poderes judicial y legislativo, que según la Constitución debieran controlar estos desfalcos, logran sus posiciones accidentalmente. A mayor demagogia y desinhibición ética, más probabilidades de llegar, y más rápido, a la cima de estos resortes del Estado. Mala tendencia que, por otra parte, se retroalimenta.

Los mismos jueces de la Corte Suprema son nombrados por el Ejecutivo y confirmados por el Senado. Como parte integral de la institución del gobierno, dependen de los impuestos para su retribución y difícilmente estén interesados en limitar el poder del Estado o en reducir la carga que pesa sobre los contribuyentes.

Como no podía ser de otra manera, montañas de leyes espurias, avaladas por esta Corte, frenan y obstaculizan la contratación, el comercio, el uso creativo de la propiedad y hasta nuestra vida privada. Esta verdadera usina de inseguridad jurídica no solo aleja a posibles inversionistas sino que promueve el caos social, la evasión, el estrés, la violencia y la fuga de jóvenes, cerebros y capitales. Un pegajoso fárrago estatista que sustituye a la Ley y al Orden, como cualquiera puede percibir en esta Argentina 2011.

Se trata de mucha gente peligrosa con un poder de saqueo demasiado grande, sobre el número cada vez menor de los honestos que se esfuerzan en innovar, poner dinero, asumir riesgos patrimoniales, producir y dar empleos reales.

Por otro lado y si todo el mundo está de acuerdo en que los monopolios son “malos” ¿por qué nos querrían hacer creer que los monopolios estatales son “buenos”? En conciencia, todos saben la respuesta.
El caso de la Seguridad podría ser un ejemplo, aunque hay muchos otros como Justicia, Defensa, Moneda, Asistencia Social, Infraestructura, Educación, Salud, Control Comercial etc.

Producir protección es una actividad competitiva como cualquier otra. Si no hay libertad total de contratación y acceso a este negocio (y no la hay) el precio siempre tenderá a elevarse, bajando su calidad tal como predice el manual económico.
El monopolio forzoso de la seguridad pública tiende, por lógica, a derivar en gangsterismo. En protección al Estado recaudador antes que a la gente. En un peligro para bienes y personas. En un obstáculo a lo que por justicia corresponde: el castigo de los reos y el recupero de lo que perdimos y donde la confianza en la autoridad de aplicación se degrada hasta desaparecer. ¿Le suena a proceso conocido?

Pruebas al canto: la presión fiscal en Argentina (que incluye el costo de esta pésima Seguridad estatal) está en una cifra récord pero la inseguridad y la impunidad son mayores que nunca antes. ¿Queremos más de lo mismo? Votemos pues otra vez a un socialista, partidario de una sociedad bien fiscalizada.
Los impuestos -ocultos y encareciendo todo lo que tocamos- ascienden ya al 34 % del producto bruto del país. Una carga económica que bien podría asemejarnos a los esclavos de las monarquías del siglo XVII.

Nadie pagaría estos tributos sin el brutal armamento del gobierno apuntándole por la espalda. Daríamos a ese dinero, por cierto, un uso más productivo, satisfactorio y multiplicador.

Lo real es que por más belleza literaria que posea, la Constitución no dota a los ciudadanos comunes ni a las minorías que declara proteger, con los medios para tutelar el cumplimiento de esta protección. No es posible en la práctica impedir que el partido de gobierno abuse de sus poderes porque no hay medios efectivos que obliguen al oficialismo a observar las normas redactadas para controlarlo. Su interpretación de estos mandatos restrictivos es invariablemente laxa mientras que aplica con criterio inverso los más imaginativos frenos legales y hasta amenazas penales, contra el accionar de sus adversarios ideológicos.
Los resortes coactivos del Estado hacen la diferencia en orden a quién prevalece en esta pulseada de doble standard.

Suena propio de imbéciles, por otra parte, confiar en que una institución (el Estado) “autorizada” a gravar sin consentimiento, pueda ser protectora del trabajo y su resultado: más propiedad para más gente.
Poco o nada es lo que puede hacerse contra la simple mayoría numérica en este sistema violento de democracia política, para contrarrestar la tendencia a la opresión y al abuso del poder. Aunque resulte doloroso, todo lo que se diga a favor de la noble idea de un gobierno constitucional y limitado, será siempre una utopía.

Se nos dirá entonces ¿cuál es la alternativa? Es, por supuesto, apoyar la democracia de mercado que, como en el caso-ejemplo de la Seguridad, dé a la sociedad posibilidades de elegirlo todo con votos diarios (en lugar de cada 4 años), en competencia abierta y sin pagar dos veces por la misma prestación de servicios básicos, como sucede con los casos actuales de la seguridad, la salud, la educación y tantas otras cosas.
¿Por qué? Porque es lo voluntario. Lo no violento. Lo correcto y porque además la competencia genera inversiones y trabajo. Y porque la multiplicación del empleo genera poder de compra en la gente. Y porque ese poder brinda la posibilidad de elegir en el mercado, lo que sea. Y porque poder elegir en serio, finalmente, hace más libres y felices a las personas.

El derrocamiento de una persona, de un gobierno o de todo un sistema es, por fin, una cuestión de opinión pública. Traspasados ciertos umbrales de desconfianza y sentido común, el forzamiento de los honestos y de los pacíficos, tendrá siempre sus horas contadas.