Malditos Monopolios

Septiembre 2010

El profesor Robert Klitgaard, de la escuela de economía de la universidad de Harvard, es autor de una fórmula que lleva su nombre y que se expresa en los siguientes términos: C = M+D-T, siendo su significado: Corrupción es igual a Monopolio más Discrecionalidad menos Transparencia.

La descomposición ética, la podredumbre moral y su consecuencia, la antipatriótica y nauseabunda corrupción avanzan desde hace mucho como un cáncer sobre los huesos de nuestra república. Y como era de esperar, infectan a esta altura casi todo lo que tenga relación con los monopolios del Estado.
El peronismo al mando la hace más visible, por el crudo desparpajo con el que su círculo de cómplices se enriquece pero… no debe ser culpado con excesiva severidad, lo mismo que los 26 gobiernos consecutivos que lo precedieron en la decadencia ya que la matriz del problema, en verdad, los excede y descansa en las manos de cada ciudadano complaciente que, a sabiendas, transa con lo incorrecto en cada elección.

El liberalismo clásico, sin cuya valiosísima defensa de la libertad humana nos encontraríamos todavía empantanados entre las dictaduras o monarquías absolutistas y el comunismo, construyó el primer sistema de ideas realmente exitoso. Un sistema que no intentó forzar ni cambiar la naturaleza humana. Tomándola tal como era y estudiando sus patrones reales de comportamiento, usó este conocimiento de manera inteligente en beneficio del total de la sociedad, a través de la implementación de la economía de mercado o capitalismo competitivo.

La propia democracia representativa es hija del ideario liberal que enterró a los déspotas precedentes, constituyéndose en el intento de ordenar mediante una Constitución el poder de la libre iniciativa privada y el innato afán de bienestar de la gente, dentro de los límites de un área geográfica y bajo la garantía de un Estado.
Este noble propósito republicano tropezó sin embargo con un escollo que se demostraría fatal: la misma naturaleza humana que a través de una de sus realidades (el afán de lucro) es llave maestra de la riqueza comunitaria, actúa dentro de las estructuras estatales, pensadas para ordenarla en supuesta y aséptica imparcialidad.

El propio Estado nacional, en el mejor de los casos, es un oligopolio de leyes, de justicia, de aplicación ejecutiva, de fuerza armada y recaudación, cuando no de subsuelo, espacio aéreo, seguridad social, educación digitada, infraestructura general y mil etcéteras más. Monopolios obligatorios comandados por personas cuyos honorarios, fuerza en número y amplitud de competencias, dependen de la capacidad del gobierno del que forman parte… para sustraer dinero al sector productivo. Recursos que la gente reinvertiría, si la dejasen, de manera más útil y multiplicadora en bienes de capital y servicios a medida, bajo formas innovadoras, de todo precio… y no monopólicas.
Pero lo más importante es la comprobación de que el afán de lucro existe y opera también entre la enorme multitud de personas que, revestidas de la autoridad estatal, disponen de poder de discreción sobre intereses de terceros, sea este legal o encubierto. Llave muy redituable, por cierto, de acceso a bajadas de pulgar o bien a beneficios “por izquierda”. Problemas insolubles de los monopolios, que son entes destructivos en lo privado pero de destrucción potenciada en lo público.

La conocida fórmula de Klitgaard desnuda, en su bella simpleza, la verdad sobre el drama de nuestra sociedad: la corrupción, su ocultamiento, el robo y abuso gubernamental, el peso frenante de su costo sobre la prosperidad social, son inherentes al funcionamiento de los monopolios estatales. Así como su otra consecuencia ponzoñosa: el crecimiento constante de su órbita de acción e intervención, en desmedro de los delicados mecanismos de mercado, únicos generadores del dinero real.
Razones entre otras demostrativas de que el socialismo dirigista con su oligopolio de Estado, el “elefante en el bazar”, más allá de las buenas intenciones de algunos dirigentes políticos, simplemente, no funciona. Porque no se trata de las personas; se trata del sistema. O como decía Ronald Reagan tras 2 períodos como presidente de la primera potencia mundial “el gobierno no puede resolver el problema; el problema es el gobierno”.

Cada vez que votamos más gobierno, más subsidios, más interferencia y control vejatorio sobre la iniciativa individual, más presión impositiva sobre la ganancia y el patrimonio, más Estado bajo cualquier pretexto o justificación, apostamos otra ficha al maldito monopolio, padre de la miseria de los más y de la riqueza de los menos.
Casi todo rico en Argentina está bajo sospecha de que su dinero sea malhabido. Percepción de resentimiento popular plenamente justificada al estar inmersos en un sistema regido por la extorsión, el pillaje y sobre todo, por los favoritismos discrecionales digitados desde los monopolios del gobierno para funcionarios o líderes corporativos amigos (sindicales, empresarios, militares, policiales, deportivos, mediáticos, artísticos, piqueteros, estudiantiles etc.). Muchas grandes mansiones, autos, campos, fábricas, viajes, leyes a medida y lujos de argentinos son, en efecto, producto de la victoria de la obsecuencia por sobre el mérito. Del “vivo” que transa con el monopolio para aprovecharse exprimiendo a la gente buena, esforzada y pacífica. Pisando fuerte sobre la escalera de “idiotas útiles” que todavía creen en el cuento del Estado benefactor y su reparto de favores sin consecuencias.

El antídoto para hacer retroceder toda esta violencia corrupta se llama, por supuesto, competencia.

Los ciudadanos debiéramos poder optar libremente en todo dentro de un panorama de ofertas en atractiva competencia. ¿Por qué no? No sólo para la marca de nuestro queso crema sino en cada necesidad de las que hoy el Estado provee tan mal (y tan caro).

¿Un primer paso hacia ese futuro más justo? Simple. Decir no a políticos proclives al estatismo. Decir no a quienes nos propongan darnos “derechos”, cuyo coste requiera pisar derechos anteriores de otros ciudadanos, tales como el derecho de propiedad, violado bajo el peso de un gobierno cebado de altos impuestos.