Educación Pública

Agosto 2008

Millones de alumnos sufren en estos días las consecuencias de reiteradas huelgas docentes en la provincia de Buenos Aires. Maestras y profesores protestan contra el gobierno por sus magros salarios, negándose a trabajar.

Nótese que casi nunca los reclamos son por los contenidos o por la cantidad de días de clase.
Cualquiera puede observar el grave déficit en la enseñanza de valores (honestidad intelectual, cultura del trabajo, respeto del derecho ajeno, responsabilidad individual frente a la decadencia argentina etc.). O en la duración de nuestro ciclo lectivo en comparación con las sociedades de civilización avanzada a las que deseamos emular, alcanzar y superar.
Las quejas se centran en la incapacidad del Estado para resolver la ecuación económica que logre sueldos atractivos y jubilaciones dignas para los trabajadores de la educación.
Un mantra con visos de autismo, que se repite desde hace décadas porque quien pretende resolver el problema (el Estado) es precisamente el problema.

Los impuestos que nos quitan contra nuestra voluntad han tenido una tendencia creciente y se encuentran en la actualidad en niveles muy elevados para toda la población, cualquiera sea el modo en que se los mida (un obrero entrega más del 33 % de sus escasos ingresos entre impuestos explícitos y ocultos; un comerciante, más del 51 %).
Aún así, el dinero no alcanza para pagar a los docentes lo que con justicia merecen. ¡Ellos son sólo uno de los incontables gastos del Estado, que de por sí arrastra enormes deudas y déficit operativo crónico!

La respuesta peronista provincial será, una vez más, aumentar la presión tributaria (ya están pensando subir aún más los Inmobiliarios urbano y rural) además de aprovechar a fondo el impuesto inflacionario creado por el gobierno nacional.
Es una mala respuesta porque la Argentina que todavía produce se encuentra próxima al estallido de una rebelión fiscal y no parece dispuesta a seguir con una escalada de aprietes y exacciones que nos acerque cada día más al “paraíso” castrista.

La respuesta inteligente es que los docentes deben cobrar más que la pequeña mejora que les ofrece el Estado, y los ciudadanos contribuyentes deben tributar una menor proporción de sus ingresos. Y que al cabo del tiempo, los maestros y profesoras con mayor vocación, preparación y eficacia en la enseñanza cobren mucho más mientras que las personas que no utilizan el servicio educativo, no paguen nada. ¿Es posible? Desde luego. Pero antes debe entenderse algo: como en casi todos los problemas sociales, el Estado es el impedimento; el gran estorbo, el gran ladrón que impide por la fuerza de su codicia y estupidez las mejoras en nivel de vida y oportunidades, sobre todo, de los que menos tienen.

El sistema actual, maniatado entre un anticuado “estatuto docente” y la “máquina de impedir” estatal con su fárrago reglamentarista, se hunde haciendo agua por todos lados.
La otrora ejemplar educación argentina se ahoga en un mar de atraso tecnológico, precariedad edilicia, escasa oferta diferencial para padres que quieren “otra cosa”, salarios indignos, planteles burocratizados, colegios privados anémicos y subsidiados, programas desactualizados con respecto a un planeta que se globaliza velozmente al compás de la moderna economía del conocimiento y otras mil rémoras.

Es hora de salir de este pantano de sesenta años, saltando hacia un futuro creativo, poderoso, original, donde nuestra patria vuelva a marcar el paso adelantándonos al resto del mundo.
Para relevar al Estado de obligaciones que no sabe, no debe ni puede cumplir habría que acordar un plan gradual de algunos (pocos) años con objetivos como:

a) Transformar cada escuela pública posible en una institución privada de tipo cooperativo, donde el plantel directivo y docente asuma todas las responsabilidades, decisiones empresariales y de oferta educativa que considere más apropiadas. Incluyendo las de fijar su directorio, sus propias remuneraciones o decidir sobre sus sistemas de seguridad social, salud y agremiación.

b) Bajar del presupuesto educativo (tanto a nivel nacional como provincial o municipal) las importantes partidas relativas a todo el gasto burocrático y operativo que ahorre la reconversión citada. El Estado sólo fiscalizaría que se cumplieran contenidos básicos de mínima.

c) Con el presupuesto disponible así fortalecido, repartir todo el dinero, mensualmente, entre los padres cuyos hijos dependan total o parcialmente para su educación del sistema público, mediante algún sistema de pago electrónico que no pueda usarse con otro fin.
Los padres podrían elegir en qué institución inscribir a sus hijos, aplicando el crédito mensual al establecimiento que mejor interprete sus ideales, sean estos de tipo cultural, idiomático, religioso, ideológico, étnico etc.
El crédito podría ser considerable, dándose las condiciones descriptas. De tal manera, la misma escuela que antes dependía del gobierno, con los mismos alumnos de antes, dispondría de un mayor ingreso mensual ahora libremente administrado por sus nuevos dueños.

d) Las cooperativas tendrían libertad para fusionarse o asociarse entre sí o con instituciones de otros países, estableciendo convenios y proyectos de todo tipo con fundaciones filantrópicas, universidades, empresas comerciales o bancos y organismos argentinos o extranjeros a criterio de su dirección.
Con creatividad aplicada a pedagogías de punta, investigación, inserción laboral o universitaria. Decidiendo también sobre los programas de estudio, más allá del mínimo establecido.
Sacudidas las obsoletas trabas operacionales y programáticas tanto como las paralizantes regulaciones sindicales, una enorme cantidad de escuelas básicas, medias y superiores pasarían a ser rentables, compitiendo por los alumnos, posibilitando fuertes mejoras salariales y buenas ofertas laborales con prestigio jerárquico para los docentes que tengan vocación de progreso.

e) La mayor parte de estas nuevas instituciones estarían en condiciones de abonar al Estado un moderado alquiler por las instalaciones originales, fondo que el gobierno aplicaría para subsidiar aquellas escuelas que por motivos de distancia, pobreza o escasa cantidad de alumnos no pudieran financiarse solas.

Resulta lógico presumir que un gobierno con el coraje de poner al sistema educativo en una senda de avanzada como esta, también lo tendría para liberar las enormes energías creativas de nuestra nación en otros órdenes, como el económico, o de los sistemas judiciales y de seguridad por ejemplo.

Una Argentina que rompa las cadenas de sus temores adolescentes y se lance a un crecimiento explosivo, como sin dudas podría darse en el actual contexto internacional, generaría y distribuiría riqueza y bienestar a una escala asombrosa.
En ese marco, el aporte Estatal al presupuesto educativo disminuiría muy rápidamente a medida que los padres dejaran gradualmente de necesitar el crédito escolar y empezaran a pagar por sí mismos una buena educación para sus hijos al costo real de mercado, como ocurre hoy con los mejores colegios privados.
Eso sería, a años luz de lo actual, verdadera “igualdad de oportunidades” para todos.